PERSPECTIVA ACTUAL
Mientras que Estados Unidos ha promovido mayores lazos comerciales, políticos y de inversión con México, ha tratado en vano de contener el flujo de mano de obra a través de la frontera. Empezando con las medidas drásticas contra la inmigración ilegal tomadas a mediados de los ochenta, el gobierno norteamericano ha impuesto pesadas regulaciones sobre los patronos estadounidenses y ha aumentado dramáticamente el gasto en patrullaje fronterizo. A pesar de dichos esfuerzos agresivos, la política fronteriza estadounidense ha fracasado en detener el flujo de trabajadores indocumentados que ingresan al mercado laboral de Estados Unidos.
Hoy en día 8 millones de personas viven en Estados Unidos sin documentos legales, y cada año el número aumenta en un estimado de 250.000, conforme más personas entran al país o permanecen una vez que sus visas expiran. Más de la mitad de los inmigrantes que ingresan y los que ya están aquí vienen de México.
Una consecuencia trágica de la supresión policial ha sido el desvío de los flujos migratorios de unos pocos puntos de paso tradicionales y urbanos a zonas rurales más esparcidas-para frustración de los residentes de dichos lugares y peligro mortal de los inmigrantes. Antes de dichas medidas enérgicas, la gran mayoría de los mexicanos entraban a través de tres puertas urbanas: San Diego, California, y El Paso y Laredo en Texas. En respuesta a las nuevas imposiciones fronterizas de la administración Clinton en 1993, los patrones migratorios cambiaron a áreas rurales remotas, tales como la frontera entre México y Arizona, en donde las patrullas están más dispersas pero las condiciones son más peligrosas.
El desvío del flujo le ha provocado dolores de cabeza a los estadounidenses que viven en esas áreas, ya que los inmigrantes invaden sus fincas, perturban al ganado y destruyen la propiedad. Sin embargo, las consecuencias han sido mortales para más de 2.000 inmigrantes que han perecido desde 1995 debido al calor y la deshidratación en áreas remotas del desierto o en camiones sellados.
Las leyes inmigratorias estadounidenses chocan con la realidad económica, y ésta última está ganando la batalla. La inmigración desde México es conducida por una disparidad fundamental entre la demanda creciente por mano de obra poco calificada en Estados Unidos y la disminución de la demanda doméstica para llenar dichas labores. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos estima que el número de trabajos en la economía de este país que requieren de poca capacitación incrementará de 53.2 millones en el 2000 a 60.9 millones en el 2010, un incremento neto de 7.7 millones.
Mientras tanto, la oferta de trabajadores estadounidenses dispuestos a realizar dichas labores continúa cayendo, en parte debido al envejecimiento de la fuerza laboral y al aumento de los niveles educacionales. Para el 2010, la edad media del trabajador estadounidense será de 40.6 años, mientras que la proporción de hombres adultos nativos sin título colegial continua desplomándose: de más de la mitad en 1960 a menos del 10% hoy en día. Es de entender que estadounidenses más viejos y educados tengan mejores cosas que hacer con su tiempo laboral que lavar ventanas, ser meseros o trabajar en lavanderías.
Los inmigrantes mexicanos proveen un recurso listo para llenar dicho vacío. Aún así, la ley migratoria no provee de un canal legal mediante el cual trabajadores inmigrantes poco calificados puedan entrar a Estados Unidos a satisfacer la demanda. El resultado predecible es la inmigración ilegal y todas las patologías del mercado negro que vienen con ésta.
ESFUERZOS GUBERNAMENTALES
En febrero del 2001 se reunieron en Guanajuato, México, dos presidentes recién inaugurados, George W. Bush y su contraparte mexicano Vicente Fox, quienes acordaron trabajar juntos para solucionar el problema. La reunión llevó a la creación del grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Migración, compuesto por el Fiscal General estadounidense, los secretarios de estado y trabajo y sus contrapartes en México, con el propósito de frenar el flujo ilegal de mano de obra a través de la frontera. El 7 de septiembre del 2001, luego de una reunión de tres días en Washington, Bush y Fox "renovaron su compromiso de forjar planteamientos nuevos y realistas para que la migración sea segura, ordenada, legal y digna." Apoyaron una política de inmigración que incluye "hacer que coincidan los trabajadores dispuestos con las compañías dispuestas, servir las necesidades sociales y económicas de ambos países; respetar la dignidad humana de todos los inmigrantes, sin importar su estatus; reconocer la contribución que los inmigrantes hacen al enriquecimiento de ambas sociedades; y compartir la responsabilidad de que la migración se lleve a cabo a través de canales seguros y legales."
En ese momento las expectativas de que se llegara a un acuerdo que confiriera algún tipo de estatus legal a los 4.5 millones de mexicanos que se estima viven de forma ilegal en Estados Unidos, y de que se abriese un canal para que trabajadores mexicanos entraran legalmente al mercado laboral de Estados Unidos eran bastante altas. Sin embargo, los ataques terroristas al World Tardeé Center y al Pentágono tan sólo cuatro días después arrasaron también con esos planes.
La inmigración sigue siendo la pieza más evidente de negocios inconclusos entre Estados Unidos y México, pues sus relaciones en otros aspectos han progresado dramáticamente en años recientes.
El resultado más obvio de la apertura mexicana ha sido la continua integración económica con Estados Unidos. México es ahora el segundo socio comercial más grande de Estados Unidos, superado únicamente por Canadá, y el flujo de inversión extranjera directa entre nuestros países ha crecido tan rápido como el comercio. El número de mexicanos que cruzan la frontera, la mayoría como visitantes temporales, ha incrementado constantemente. El movimiento de bienes, servicios, capital y personas ha sido facilitado por mejoras en la infraestructura de carreteras, aeropuertos y telecomunicaciones. Además, las reformas económicas han preparado el terreno para las reformas políticas.
La gran excepción a esta tendencia ha sido la política de inmigración. A la vez que ha promovido comercio más cercano, inversión y lazos políticos con México, el gobierno estadounidense ha trabajado en vano para mantener un freno al flujo de mano de obra que llega a través de la frontera. A partir de los ochenta, en su esfuerzo por parar la inmigración ilegal, el gobierno de Estados Unidos ha impuesto nuevas y onerosas regulaciones sobre empleadores norteamericanos y ha incrementado dramáticamente el gasto en el control fronterizo. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos agresivos, la política fronteriza de Estados Unidos ha fracasado en su principal objetivo: frenar el flujo de trabajadores indocumentados a su mercado laboral.
La presencia de una gran fuerza laboral indocumentada crea problemas políticos y económicos en ambos lados de la frontera. Para los Estados Unidos la presencia de tantos trabajadores indocumentados representa un mercado negro en el sector laboral, con todo lo que implica como es contrabando, documentos fraudulentos, distorsiones salariales, y abusos que lo acompañan. También enfrenta sensibilidades comunes sobre la obediencia a la ley y el control de nuestras fronteras, además de complicar la guerra del gobierno estadounidense contra el terrorismo tras el 11 de septiembre. Para México, la negación de estatus legal significa que millones de ciudadanos mexicanos vivan en un inframundo legal sin todas las protecciones y vulnerables al abuso de empleadores y traficantes ilegales. Más de 300 mexicanos mueren cada año tratando de cruzar ilegalmente la frontera en lugares remotos.
REALIDAD DE LOS INMIGRANTES
La inmigración siempre ha sido controversial en Estados Unidos. Hace más de dos siglos Benjamín Franklin se preocupaba de que muchos inmigrantes alemanes abrumarían la cultura predominantemente británica de Estados Unidos. A mediados del siglo XIX los inmigrantes irlandeses eran despreciados como borrachos y perezosos, sin mencionar a otros grupos católicos. A principios del siglo XX se creía que una ola de "nuevos inmigrantes"-polacos, italianos, rusos judíos-eran muy diferentes como para alguna vez ser asimilados en la vida norteamericana. Hoy en día, los mismos temores son esgrimidos contra los inmigrantes de Latinoamérica, principalmente, México, pero los actuales críticos están equivocados, tal y como lo estuvieron sus contrapartes en épocas anteriores.
La inmigración no está acabando con el experimento estadounidense, sino que es una parte integral de éste. Estados Unidos es una nación de inmigrantes. Olas exitosas de inmigrantes han mantenido a ese país demográficamente joven, han enriquecido su cultura y han contribuido a la capacidad productiva de la nación, aumentando su influencia en el mundo.
Contrario al mito popular, los inmigrantes no le quitan el trabajo a los estadounidenses. Los primeros tienden a ocupar puestos que los segundos no pueden o no quieren tomar, especialmente en las partes alta y baja del espectro de la mano de obra calificada. Los inmigrantes están representados desproporcionalmente en áreas sumamente calificadas como la medicina, la física, la ciencia de las computadoras, pero también en sectores poco calificados como la hotelería y restaurantes, los servicios domésticos, la construcción y la manufactura ligera.
Los inmigrantes tampoco drenan las finanzas gubernamentales. El estudio de ANC encontró que el típico inmigrante y su descendencia pagarán $80.000 netos en impuestos durante su vida, contribuyendo más en tributos de lo que reciben por servicios estatales. Para los inmigrantes con grados universitarios, el retorno fiscal neto es de $198.000. Es cierto que los inmigrantes poco calificados y los refugiados tienden a utilizar más la asistencia social que los estadounidenses "nativos", pero la Ley de Reforma a la Beneficencia Pública de 1996 dificultó en mucho a los recién llegados el acceso a los fondos de asistencia. Como resultado, el número de inmigrantes utilizando beneficencia pública ha disminuido en años recientes.
Tampoco se puede culpar a los inmigrantes por causar "sobrepoblación." El crecimiento poblacional del 1% de Estados Unidos se encuentra por debajo de la tasa promedio de crecimiento mundial del siglo pasado. De hecho, sin la inmigración, la fuerza laboral norteamericana empezaría a encogerse dentro de dos décadas. De acuerdo al censo del 2000, el 22% de los condados estadounidenses perdieron población entre 1990 y el 2000. Los inmigrantes podrían ayudar a revitalizar áreas demográficas deprimidas del país, tal y como lo hicieron con la ciudad de Nueva York y otros centros urbanos que anteriormente estaban en declive.
Una preocupación mayor es que los inmigrantes mexicanos recién legalizados e incluso sus descendientes no van a poder asimilarse a la sociedad norteamericana. Patrick Buchanan, crítico de la inmigración y ex-candidato presidencial, advierte que "la inmigración mexicana es un reto a nuestra integridad cultural, a nuestra identidad nacional y potencialmente a nuestro futuro como país". En términos puramente económicos, los hogares mexicanos inmigrantes como grupo no alcanzan paridad en ingreso con otros estadounidenses sino hasta después de varias generaciones. Los niveles de ingreso y educativos suben dramáticamente de la primer a la segunda generación, pero ahí el progreso parece estancarse con relación al resto de la sociedad estadounidense. De hecho, el estudio del NRC encontró que la disparidad de sueldos entre inmigrantes en general se hizo menor con el tiempo, pero que no ocurrió lo mismo con los mexicanos. La razón más obvia es el nivel de educación. Los inmigrantes mexicanos son los menos educados; el inmigrante promedio entra al país con 12 años de educación pero los mexicanos lo hacen con sólo 7.7 años. Los hijos de los mexicanos completan en promedio 11 años de educación, lo cual lleva directamente a ingresos mayores, pero luego los niveles no aumentan con la tercera generación.
Sin embargo esto no debiera descalificar el ingreso de mexicanos a Estados Unidos. Los inmigrantes mexicanos y sus hijos no están predestinados a ganar ingresos bajos. Aquellos que invierten en su educación y destrezas alcanzan mayores ingresos y mejores oportunidades. Millones de inmigrantes mexicanos han tenido éxito en alcanzar ingresos de clase media y todos los indicadores que van con ello, como por ejemplo el tener casa propia. De nuevo, la respuesta correcta no es impedir sistemáticamente el ingreso de mexicanos a Estados Unidos, sino motivarles para que quienes lo hacen incrementen su educación y la de sus hijos.
La asimilación ha sido un tema importante en la historia de la inmigración estadounidense. Las olas previas de inmigrantes han tenido que sostenerse a sí mismas en la economía, aprender inglés y convertirse en participantes activos de la sociedad norteamericana. Como regla, los inmigrantes han hecho precisamente eso a lo largo de nuestra historia—a pesar de las dudas de los críticos contemporáneos acerca de cada ola de "nuevos" inmigrantes. Los irlandeses de mediados del siglo XIX, alemanes de fines de ese siglo e italianos, polacos, austro-húngaros, griegos y judíos rusos durante la "Gran Migración" de hace cien años eran considerados demasiado distintos cultural e incluso racialmente como para ser asimilados.
Mientras que el español ha crecido dramáticamente como segundo idioma en Estados Unidos, no hay evidencia de que los inmigrantes mexicanos no estén aprendiendo inglés. Con el inglés creciendo como lenguaje global en los negocios, transporte, ciencia, cultura popular y espacio cibernético, parece poco probable que un grupo dentro de Estados Unidos pueda aislarse del resto del mundo. De hecho Estados Unidos ha sido considerado históricamente un "cementerio de idiomas" por el casi irresistible incentivo de los inmigrantes, y especialmente de sus hijos, por aprender inglés.
Entre todos los inmigrantes de largo plazo en los Estados Unidos, sólo 3% reporta hablar inglés "no bien" o para nada, y virtualmente todos los inmigrantes de segunda y tercera generaciones reportan buenos niveles de inglés. Los inmigrantes hispánicos no son la excepción. En 1998, en un estudio longitudinal de miles de familias inmigrantes, el sociólogo Ruben Rumbaut de la Michigan Estate University encontró que el 88% de los hijos de inmigrantes en California y Florida preferían hablar inglés a pesar de que el 90% hablaba otro idioma en casa. Al llegar a la tercera generación, la mayoría hablaba sólo inglés. Rumbaut concluyó que "Este patrón de asimilación lingüística rápida es constante a través de nacionalidades y niveles socioeconómicos y sugiere que, con el tiempo, el uso y fluencia en idiomas foráneos declinará inevitablemente—resultados que directamente refutan los temores nativos de que existan enclaves de idiomas extranjeros en comunidades de inmigrantes".
Finalmente, a pesar de que se afirme lo contrario, los mexicano-estadounidenses no exhiben las características de una subclase que resiente al país donde han decidido residir y trabajar. De hecho, al igual que la mayoría de inmigrantes en la historia de E.E. U.U., los mexicanos aprecian la libertad y las oportunidades que les presenta la sociedad norteamericana. Según el Estudio Binacional de Migración, "muy pocos inmigrantes mexicanos creen que han sido víctimas de racismo o discriminación; los mexicano-estadounidenses parecen deseosos de ser parte de la visión meritocrática de la sociedad estadounidense".
A pesar de todos los esfuerzos coercitivos de mantener afuera a los trabajadores mexicanos dispuestos a trabajar han engendrado una cultura subterránea de fraude y contrabando, han causado centenares de muertes innecesarias en el desierto, o en lugares inimaginables y han desviado la atención y recursos que serían útiles en materias reales de seguridad fronteriza. Esos esfuerzos alteraron el flujo tradicional de migración circular, incrementando la cantidad de mexicanos ilegales en Estados Unidos.
"Los encargados de hacer política pública en Estados Unidos se enfrentan a tres posibles opciones en respuesta a la inmigración ilegal. Una sería caerle encima una vez más. El gobierno federal podría construir un cerco triple de 2,000 millas de San Diego a Brownsville y reasignar o contratar a decenas de miles de agentes para patrullarlo. Podría enviar internamente a miles de agentes gubernamentales adicionales para hacer redadas en negocios, multar a empleadores y cazar y deportar a los millones de indocumentados que viven y trabajan en Estados Unidos—sin importar lo profundo de sus lazos a sus trabajos, familias y comunidades. Podría obligar a todo ciudadano y no-ciudadano estadounidense a llevar consigo una tarjeta de identificación nacional o a registrarse en una base de datos nacional como requerimiento previo para ganarse la vida. Pero esa opción impondría un alto costo en términos de gastos gubernamentales, producción económica y libertad. Desviaría recursos del esfuerzo nacional por combatir el terrorismo y, al igual que esfuerzos similares hechos en el pasado, fracasaría.
Otra opción sería aceptar el status quo. Podríamos continuar indefinidamente con millones de personas viviendo acá sin documentos oficiales y cientos de miles entrando cada año. Millones de trabajadores y sus familias podrían seguir viviendo en las sombras legales, temerosos de presentarse ante las autoridades, incapaces de disfrutar de todos los frutos de su trabajo y dudosos de regresar a su patria. El status quo perpetuaría una economía dual en la que una demanda creciente de trabajadores sería satisfecha por medio de una oferta subterránea, sueldos artificialmente bajos, y malas condiciones de trabajo para todos aquellos que están en los escalones más bajos de la pirámide laboral. El status quo se burla del Estado de Derecho al mantener un sistema migratorio en conflicto fundamental con las leyes de economía y de aspiraciones legítimas de millones de personas.
Una tercera opción sería arreglar el fallido sistema de inmigración para que se conforme a las realidades de una sociedad libre y una economía libre y eficiente. Un sistema legalizado de migración mexicana podría, de un plumazo, traer a la superficie un enorme mercado subterráneo. Le permitiría a productores estadounidenses en sectores importantes de la economía contratar a los trabajadores que necesitan para crecer. Mejoraría los sueldos y condiciones laborales de millones de trabajadores poco calificados e impulsaría la inversión en capital humano. Liberaría recursos y personal para la guerra contra el terrorismo. Promovería el desarrollo económico en México y mejores relaciones con un vecino importante."
